06/09/2014 “¿Qué candidato tiene el mejor plan?”

8 septiembre 2014

La Voz del Interior. Columna de Jorge Luis Jofré, Dr. de la Diplomatura en Seguridad Ciudadana de la UBP.

 

Se viene la carrera de candidatos para ocupar puestos de poder en el país. La seguridad emerge como una cuestión crucial. Parece que los “elegibles” agotaron su creatividad y centran sus ofertas en sistemas de control, apelando a la fórmula “más policías, más cámaras de video-vigilancia”.

 

Por estos días, nuestra existencia cotidiana se desliza de manera vertiginosa entre los hitos ( default , inflación, desempleo) difundidos por los medios. Pero debemos confesarlo: se han definido como problemas de trascendencia pública por las dudas acerca del grado de compromiso y capacidad para resolverlos por parte de las clases dirigentes y no sólo por el tamaño tipográfico con que se los enuncia.

 

En este contexto, la seguridad no tuvo mejor suerte, pese a ser el tópico de los últimos años en todo el continente. Hoy, gracias a la alternancia democrática que viviremos en 2015, tenemos la posibilidad de ir más allá de la noticia, debido a la exposición de los actores públicos con aspiraciones de conducir el país. El desfile de candidatos nos permite avizorar cuáles serán los ejes de la futura gestión.

 

Ningún candidato que pretenda ganar una elección para cualquier nivel de gobierno, puede obviar el requerimiento ciudadano de un plan de seguridad. Pero, ¿podría la ciudadanía tener alguna pauta elemental para diferenciar entre una propuesta que dé garantías de realización transformadora en la materia y un discurso “mágico” modelado por expertos en marketing político? La respuesta es sí.

 

Aquí van algunas pautas que se deberían tener en cuenta para advertir si una propuesta es atendible o representa sólo un giro electoralista.

 

Responsabilización de los actores públicos de la seguridad: este concepto implica profesionalizar la actuación, en especial de la policía, e incorporar un modelo de “rendición de cuentas” que obligue presentar a la ciudadanía un diagnóstico, como fundamento del proyecto de trabajo que los funcionarios a cargo de cada unidad de trabajo pretendan desarrollar, y una evaluación de resultados. La profesionalización debe fortalecer las capacidades para actuar ante el crimen organizado.

 

Empoderamiento ciudadano: debe estimularse la participación de la ciudadanía, tanto en el análisis de la situación de (in) seguridad desde su contexto local, como en la elaboración, el desarrollo y la gestión de programas de prevención integral de la violencia y el delito. Para ello, los ciudadanos deben contar con información veraz para tomar decisiones fundadas. Urge terminar con el secreto sobre la información de la violencia y la delincuencia, para desterrar el miedo irracional que paraliza la acción y que en el peor de los casos hasta culmina naturalizando la violencia como recurso contra “los otros”.

 

Abordaje integral y multisectorial: los lazos de confianza, las redes de contención y la solidaridad visibles en comunidades con significativo capital social son proclives a manifestar una menor sensación de inseguridad. Otras categorías de problemas, como violencia intrafamiliar, consumo de alcohol o drogas y el uso de armas, deben estudiarse y abordarse en espacios multidisciplinarios, abandonando la visión de que sólo policías y judiciales están llamados a ocuparse de la cuestión.

 

Incorporación de nuevos actores: la experiencia internacional nos muestra las oportunidades y los beneficios de incorporar nuevos actores en la construcción de la seguridad, como cámaras empresariales, sindicatos, empresas, que con sus enfoques y visiones sobre una gestión por resultados y la rendición de cuentas, han facilitado la naturalización de nuevas formas de gestionar las cuestiones públicas desde la comunidad.

 

Como se ve, hay una larga distancia entre un modelo estrictamente de “control” –presente en los discursos electoralistas– y el modelo de gobernabilidad democrática que contiene un verdadero plan de seguridad ­ciudadana.

 

Jorge Luis Jofré, Abogado y director de la diplomatura en Seguridad Ciudadana de la Universidad Blas Pascal.

 

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